Fuente : expansion.com
15.11.2012
/ MADRID / Miguel Ángel
Patiño
El PP y el PSOE han llegado a un acuerdo en el Congreso para clarificar
que el dinero que se recaude de los nuevos impuestos que se quieren poner a las
eléctricas se destinen realmente a resolver los problemas del sector, evitando
así la tentación de Hacienda de destinarlo a otros fines.
Uno de los problemas del nuevo proyecto de ley de la reforma
eléctrica, que contempla una batería de nuevos impuestos a las compañías, era
la indefinición del destino del dinero recaudado por esos nuevos tributos. El
proyecto de ley de reforma eléctrica era muy confuso al respecto. Entre los
nuevos impuestos figura una tasa del 6% sobre el valor de la producción
eléctrica, y un recargo al consumo de gas de más de dos céntimos de euro por
metro cúbico.
Teóricamente, esa recaudación debía servir para cubrir el
problema del déficit de tarifa eléctrico que existe en España (diferencia entre
los ingresos y costes de la luz). Pero el proyecto de ley no lo clarificaba, y
teniendo en cuenta que, al ser un impuesto, lo tenía que recaudar Hacienda,
existían muchos temores en el sector de que, al final, este ministerio hiciera
y deshiciera a su antojo con esa recaudación.
Hacienda se podía haber escudado en que los impuestos no son
finalistas para llevar toda la recaudación a la “caja única” del Estado, sin
concretar cuánto ni cómo se destinaría al sector eléctrico.
El grupo parlamentario Popular y el Socialista han negociado
una enmienda transaccional en el proceso de debate del proyecto de reforma del
sector eléctrico para clarificar que los Presupuestos Generales del Estado de
cada año asignen una partida para cubrir costes del sistema eléctrico que, como
mínimo, sea equivalente a lo que se prevé recaudar con los nuevos impuestos a
las eléctricas.
Para llegar al acuerdo, el PP ha retirado su propia enmienda
número 152, que creó mucha confusión y polémica. Esta enmienda del PP intentaba
asignar parte del coste de las subvenciones a las renovables (en concreto un
38,3%, casi 3.000 millones de euros cada año), a los Presupuestos Generales del
Estado.
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